No hay tributación sin representación

Tras la caída de la ley de financiamiento en el Congreso de la República el gobierno del presidente Gustavo Petro ha declarado emergencia económica. El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que a través de esta figura buscarán establecer medidas tributarias por decreto para compensar el desequilibrio en el presupuesto del Estado. El gobierno busca recaudar más de 16 billones de pesos en impuestos que no cuenten con la aprobación del poder legislativo. Con esto, el presidente ha olvidado una de las máximas de las democracias liberales: Sin representación de por medio no puede haber imposiciones tributarias. ¿Qué es la emergencia económica? ¿Por qué la están utilizando? ¿Está justificado declararla? 

La emergencia económica es una herramienta planteada en la Constitución, que le permite al gobierno expedir decretos con fuerza de ley para proteger a la economía nacional cuando existan situaciones extraordinarias, externas e imprevistas que puedan llegar a afectarla. El mejor ejemplo de esto es el covid-19. La pandemia fue un hecho excepcional, repentino e inesperado en el cual el gobierno utilizó la figura de emergencia económica para mitigar sus efectos negativos. Medidas como estas son fundamentales en momentos de verdadera crisis, ya que permiten que los gobiernos reaccionen de forma efectiva ante situaciones que requieren respuestas rápidas. Sin embargo, la emergencia económica es una herramienta peligrosa si es usada incorrectamente. Lo que se ideó como una forma práctica de sobreponerse a una situación extrema e imprevista puede convertirse en la excusa de turno para pasar por alto la división de poderes y darle poderes extraordinarios al gobierno. 

Petro justifica la emergencia argumentando que la negativa del Congreso a aprobar su presupuesto es un evento extraordinario que afectará directamente la economía nacional. Además explica que situaciones como la subida de la tasa de riesgo internacional, el aumento del gasto militar debido a la ofensiva del ELN y los cambios en los precios del petróleo son evidencia de un contexto intrínsecamente imprevisto. Nada puede estar  más alejado de la verdad. No es ni extraordinario ni imprevisto que el Congreso niegue los presupuestos de un gobierno oniomaníaco. El aumento de la tasa de riesgo y el deterioro en seguridad fueron causados en buena parte por la mala administración del mismo gobierno y el movimiento del precio del petróleo no puede ser considerado como un evento extraordinario. Posiblemente es por todo esto que el presidente esperó a que hubiera vacancia judicial para declarar la emergencia. El gobierno sabe que la deficiente justificación de la emergencia hará que las Cortes detengan esta medida una vez regresen de su receso.

Este solo es el último intento de Petro por gobernar como emperador y no cómo presidente. El gobierno tiene un presupuesto desbalanceado y en vez de recortar gastos decide declarar emergencia económica para poder gastar aún más. Esto es algo recurrente, el gobierno ya rompió la regla fiscal y el déficit está en los mismos niveles que teníamos en la peor parte de la pandemia. Pero todo es síntoma de una única enfermedad. El gobierno no quiere dejar de gastar y mucho menos querrá hacerlo en año electoral. El presidente nos ha dejado claro que se mete en política, incluso en plena campaña electoral, y existe el riesgo de que las deudas adquiridas y el presupuesto inflado puedan terminar beneficiando a la campaña electoral del Pacto Histórico en 2026.

La emergencia económica no es una figura para satisfacer los caprichos políticos de ningún gobierno. Es el botón de seguridad de última instancia en casos verdaderamente límites. Utilizarla por no haber podido aprobar los presupuestos, por ser irresponsable fiscalmente o por no querer disminuir el gasto en año de campaña es una tergiversación perversa del sentido original de esta medida. Declararla  cuando la situación no cumple los requisitos establecidos por la Constitución y en un periodo de vacancia judicial, es intentar decretar impuestos ilegítimos no aprobados por el Congreso y  no supervisados por las Cortes. Sin estos poderes en el proceso, principalmente el Congreso, no hay representación de por medio y por ende no puede haber carga impositiva. Al igual que los colonos americanos le exigieron a la Corona Británica a mediados del siglo XVIII, hoy los colombianos debemos decirle a Petro: No hay tributación sin representación.