El juicio del siglo

El pasado lunes 28 de julio, se dio la primera condena penal a un expresidente en la historia colombiana. La jueza Sandra Heredia, durante una prolongada audiencia de sentido de fallo, determinó que Álvaro Uribe es culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El juicio contra Uribe fue muy particular, ya que tenía dos características que en principio parecían opuestas. En primer lugar, el caso fue recibido por muchos como un juicio contra el personaje, contra su presidencia, contra todo lo que representa Álvaro Uribe. Para una gran parte de la población colombiana, seguidores y detractores del expresidente incluidos, el proceso fue un símbolo, un juicio contra Uribe en su totalidad, obviando que realmente fue sobre situaciones puntuales que palidecen frente a lo que algunos acusan a Uribe de haber hecho. En segundo lugar, y acá viene la contradicción, fue un juicio que no cambió absolutamente nada en la mente de los colombianos. Sin importar el veredicto, Álvaro Uribe sigue siendo un criminal para quienes lo odian y el gran colombiano para quienes lo aman. ¿De qué se trataba el juicio contra Álvaro Uribe? ¿Qué pasará ahora? ¿Qué implicaciones políticas puede tener? 

A mediados de los años noventa la prensa estadounidense acuñó el famoso término “juicio del siglo” mientras cubrían el sonado caso de El Pueblo del Estado de California contra Orenthal James Simpson. No sabían que este mismo término casaría a la perfección durante el siglo XXI y en el contexto colombiano al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Y es que el veredicto del pasado lunes no es la consecuencia de un solo proceso, sino de toda una seguidilla de confrontaciones legales que duraron más de diez años y que incluyeron debates en el congreso, demandas ante la Corte Suprema y giros de guión dignos de una película de Hollywood. Todo inició en 2014, cuando el congresista Iván Cepeda reveló información sobre presuntos vínculos de Álvaro Uribe con narcotraficantes y grupos paramilitares. Esto llevó a Uribe a denunciar penalmente a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero en 2018 la Corte declaró que era Uribe quien estaba intentando manipular testigos por medio de su abogado. En resumen, todo un thriller legal.

El ambiente tras el veredicto era predecible. Por un lado, los contradictores de Uribe celebran y esperan ansiosos que la jueza emita la condena en los próximos días. Sienten que esto va más allá de lo que realmente es, una condena por manipulación de testigos. Han tomado esta victoria como una reivindicación histórica, principalmente para las víctimas de hechos por los que Uribe aún no ha sido condenado. Por el otro, los seguidores del expresidente dicen que todo es una persecución política y que la justicia está instrumentalizada en su contra. Es interesante que tengan una estrategia de victimización y un delirio paranoico tan parecidos a los del presidente Petro. Pero como el espectro político es parecido a la herradura de un caballo, entre más te aproximas a un extremo más te acercas al extremo opuesto. 

A pesar de todo, el drama legal apenas empieza. Por supuesto la defensa del expresidente apelará y esto se convertirá en una carrera contra el tiempo ya que la decisión final debe llegar antes del 15 de octubre, día en el que prescribe el delito. Sin embargo, todo está servido para que Uribe sea condenado definitivamente. Al ser un juicio tan mediático y con la prescripción tan cerca, es poco probable que el tribunal al que se dirija la apelación deje pasar el plazo. Teniendo esto en cuenta, es bastante plausible que Uribe sea condenado y cumpla algunos años de detención domiciliaria, debido a su avanzada edad, al tiempo estipulado de penas y al no tener antecedentes.

Sin importar cómo termine de desarrollarse el caso, la condena a Uribe causará un gran revuelo político y dividirá aún más a un país que ya está bastante polarizado. La reacción injustificada de la derecha, atacando la institucionalidad del poder judicial es posiblemente lo más preocupante de todo. Ni el proceso, ni la fiscalía, ni la jueza dieron indicios que este fuera un juicio político, aunque muchos lo quieran ver así. A Álvaro Uribe se le encontró culpable de incidir en que su abogado, Diego Cadena, sobornara y manipulara testigos en las cárceles colombianas. En esto la jueza Sandra Heredia ha sido clara y en todo el proceso ha dejado en alto la capacidad de las instituciones judiciales colombianas. Este juicio demuestra la independencia de los poderes judiciales y que, como dijo la jueza, “El derecho no se arrodilla ante el poder”. A Álvaro Uribe se le dieron todas las garantías legales a las que por supuesto tiene derecho y aun así se le encontró culpable.